El 2020 también lo recordaremos como el año en el que se hizo justicia con el Pazo de Meirás. Al menos de momento.
Han tenido que pasar 82 años para que una magistrada declare nula la "donación" que se efectuó al jefe del Estado en 1938. El pazo pertenece al estado, y no a la familia Franco.
Sin embargo, la sentencia no es firme, y por tanto la familia podrá recurrir, y lo hará, como no podía ser de otra manera, puesto que ellos están por encima de la Justicia y por encima de cualquier administración y, por qué no decirlo, por encima de los derechos humanos, porque ellos son los Franco.
Esta resolución llega tras varios años en los que el gobierno gallego (y la ley) obliga a la familia a abrir el edificio al público al menos cuatro días al mes, debido a su declaración como BIC (aunque era la Fundación Francisco Franco quién se supone que llevaba a cabo estas visitas), hecho que sólo han podido comprobar unos pocos afortunados.
No sé hasta qué punto este dictamen acabará cumpliéndose o si sólo se trata de derribar una pequeña piedrecita del gran muro que supuso la dictadura franquista para nuestro país y para la libertad en general.
Luchar contra esta mafiosa familia, y sus "amiguis", es como luchar contra la Iglesia: un proceso lento y costoso, que la mal llamada Transición dejó apartado porque no le era conveniente, pero que la democracia de estos últimos tiempos parece que sí tiene intención de remendar.
Esperemos que esta decisión no caiga en saco roto y los "caudillísimos" vayan perdiendo los privilegios que aun conservan gracias a su apellido tan sincero.
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