A nadie se le ocurriría añadir dos o tres columnas de más a la sala hipóstila de la Mezquita de Córdoba, o una escultura de más en la fachada del patio delantero del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. No, claro que no, porque ambos son edificios históricos, uno declarado como BIC (Bien de Interés Cultural) y otro declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Pero ¿hasta qué punto tiene importancia y son respetadas este tipo de denominaciones? Hasta el punto en que la obra se sitúa en un lugar favorable en el mapa para el turismo. España tiene multitud de lugares que pasan desapercibidos a ojos del turista de a pie, pero también a ojos de la ley.
Pastrana, municipio de Guadalajara declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1966, con monumentos inigualables como su Palacio Ducal, el Convento de la Concepción Francisca o la casa de Leandro Fernández de Moratín, ha salido a la palestra por una “restauración” controvertida en la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, declarada además como BIC en 2013.
Según la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 39,
En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción.
Algo que no se ha respetado en la colegiata, puesto que lo que se ha hecho ha sido tirar el tejado, añadir un volumen por encima del alero, como si de un cubo de mármol blanco se tratara, que a simple vista parece como si hubieran construido un búnker en la sacristía, por aquello del fin del mundo. A esto hay que añadirle que las obras contaron con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio de Guadalajara, el ayuntamiento de Pastrana y el obispo de Sigüenza, por lo que aquí tenemos un claro ejemplo de lo que yo llamo “déjate de leyes de patrimonio y calculemos cuánto dinero podemos sacar de aquí”. Sin embargo, a nivel nacional, el caso no ha tenido demasiada repercusión porque ni ha ocurrido en una capital, ni se trata de unas obras que despierten la carcajada fácil (todos conocemos el caso del Ecce Homo de Borja y similares…).
No obstante, pese a que las leyes se oponían a sus planes, contaron con todo tipo de permisos y siguieron adelante hasta acabar siendo lo que hoy son: un atentado patrimonial. Por todos es sabido que poderoso caballero es Don dinero, y aunque se trate de conservar algo que nos identifica como pueblo, si hay moneda de por medio la justicia desaparece y entra en escena la corrupción (typical spanish). Y realmente creo que ya no se trata de teorizar sobre posibles fraudes en informes y en presupuestos, sino que las trampas relucen una tras otra sin necesidad de indagar demasiado. El patrimonio sufre atentados cada dos por tres en cualquier parte del mundo, pero en España especialmente somos muy dados a tener casos que sobrepasan los límites de la ridiculez y la vergüenza ajena.
¿Y quién ha denunciado este caso? Pues está claro que quienes deben de hacerlo, Comisión Provincial de Patrimonio, Instituto del Patrimonio Cultural de España o incluso el mismísimo obispado, no han movido un dedo para evitar este delito. Y digo delito porque lo es en toda regla.
Según el artículo 46 de la Constitución Española
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.
Una de las personas que más se ha movido para denunciar el asunto, ha sido Fernando Jabonero, portavoz del PSOE en Pastrana, pero que en su día llevó a cabo la denuncia a título personal, como un ciudadano normal concienciado con el patrimonio cultural. Jabonero ha contactado con el obispo de Sigüenza, ha escrito formalmente a la Comisión Provincial de Patrimonio de Guadalajara, ha llevado el caso ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quien, en enero de este año, ha abierto diligencias de investigación sobre las obras. Sin embargo, parece ser que el asunto está bastante parado, como suele pasar con este tipo de acciones.
Una de las principales dificultades con las que se ha topado Jabonero, es la poca difusión del caso por parte de los grandes medios de comunicación, a pesar de sus esfuerzos por darle voz. ¿O es que se han realizado esfuerzos opuestos para silenciarlo?
Es necesario que infracciones como esta se difundan para poder hacer piña y actuar contra las personas y entidades que propician estos actos, de modo que no puedan salir impunes de tales delitos contra nuestro patrimonio.
Tenemos que seguir luchando y denunciando este tipo de hechos, ya sea en una capital, en un municipio de cien habitantes o en ese puente que lleva toda la vida en tu pueblo y está lleno de graffitis pero que en realidad lleva más de quinientos años en pie. Y Pastrana no es una excepción, puesto que la Colegiata también alberga el Museo Parroquial de Tapices flamencos del siglo XV, uno de los lugares más visitados de la región pero del que ninguno (o pocos) de sus visitantes se cuestiona qué es ese trozo blanquecino que asoma por el tejado a modo de cubo minimalista moderno.
Batallemos para que no sigan prosperando este tipo de aberraciones, cubos y otros poliedros que abundan en nuestro patrimonio cultural, independientemente de quién esté detrás de ellos: pelotazos urbanísticos, intereses políticos o intereses religiosos.
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